El Tribunal Supremo avala la capacidad de las comunidades de vecinos para prohibir la presencia de apartamentos turísticos en sus edificios.
Recientemente, el Tribunal Supremo emitió dos sentencias clave respaldando a las comunidades de vecinos que prohíben en sus estatutos la actividad económica, específicamente el alquiler de viviendas con fines turísticos. Estas decisiones establecen un precedente significativo en la regulación de la utilización de propiedades residenciales con propósitos comerciales.
Las sentencias no se centran en la nueva normativa de la Ley de Propiedad Horizontal, que requiere una mayoría cualificada para limitar actividades económicas, sino en determinar si los estatutos comunitarios contienen prohibiciones expresas respecto al uso turístico de las viviendas.
En un caso, la comunidad de propietarios de «La Jirafa Élite» en Oviedo obtuvo respaldo para cesar la actividad de alquiler turístico en dos de sus pisos. Los estatutos del edificio establecen claramente que las viviendas están destinadas exclusivamente a uso residencial, prohibiendo cualquier actividad profesional o comercial.
El Tribunal Supremo determinó que la actividad en estos pisos era de naturaleza empresarial y comercial, contraviniendo la prohibición estatutaria de alquiler turístico.
En otro caso que involucra a propietarios en San Sebastián, el Tribunal reafirmó la consideración del alquiler de viviendas con fines turísticos como una actividad económica. Esta actividad implica una serie de requisitos y condiciones propios de una actividad comercial, lo que contradice las restricciones establecidas en los estatutos de la comunidad.
La Sala destacó la importancia de prohibiciones estatutarias claras y precisas, indicando que la inclusión de la actividad turística en estas restricciones es coherente con la intención de evitar el ejercicio de actividades económicas con carácter comercial, profesional o empresarial en las viviendas.
En resumen, estas sentencias del Tribunal Supremo respaldan la capacidad de las comunidades de vecinos para prohibir actividades económicas, como el alquiler turístico, cuando estas restricciones estén claramente definidas en sus estatutos. Este respaldo judicial establece un marco importante para regular el uso de las propiedades residenciales y preservar su naturaleza exclusivamente residencial en estas comunidades
